Jesús Redondo. Director del Observatorio de Políticas Educativas (Opech) e Investigador Foro Latinoamericano de Políticas Educativas (Flape)

La movilización de los estudiantes secundarios tuvo como efecto, afortunadamente, instalar en la discusión política el carácter de la educación chilena, aún cuando actualmente los costos personales para un número significativo de estudiantes, fruto del maltrato y la persecución que sufren en sus escuelas, plantea interrogantes sobre la naturaleza de nuestras instituciones escolares.

Esta explosión ha sido consecuencia de un proceso social y político de varios lustros, en el cual el principal aspecto a considerar es el triunfo electoral de la Concertación, pero con la consolidación de una economía de mercado unilateral. Este empate político-económico en educación, se advierte en el mantenimiento de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), la cual fue aprobada el último día del gobierno militar y, luego, ha sido aceptada por los sucesivos gobiernos de la Concertación, asumiendo que se trata sólo de un mal menor.

Las consecuencias de este marco han quedado de manifiesto, por ejemplo, en el Reporte del Estado del Derecho a la Educación en el mundo -denominado Free or Free: 2006 Global Report -, que sitúa a Chile dentro de los países que no proveen el derecho a la educación. Este informe cuestiona la legitimidad de una legislación que surgió en medio de las violaciones a los derechos humanos, pero también que las cortes fallan contra los estudiantes que no pagan sus mensualidades, imponiéndose una lógica comercial.

Otras problemáticas citadas son las presiones y expulsiones de jóvenes embarazadas, con lo cual –concluye el informe- el sistema educativo chileno presenta un marcado autoritarismo y machismo, observable también en los textos escolares o en el discurso del profesorado. Los desafíos para el derecho a la educación en Chile, serían entonces, tender a una equidad de género y enfrentar las inequidades socioeconómicas.

Tenemos así, que el Estado asume un rol subsidiario en educación, es decir, en un contexto de reducción del aparato estatal, reconoce constitucionalmente su imposibilidad de hacerse cargo de la tarea educativa en su totalidad, adjudicándose un rol complementario y privilegiando a los padres como principales responsables junto a la comunidad general. De este modo, se ha instalado una concepción de la misión educativa como una mera actividad económica, donde el rol del Estado es subsidiar sin imponer mayores condiciones a los establecimientos que reciben sus aportes.

Estas políticas educativas, que tuvieron al mercado como aspiración e inspiración, han tenido al menos tres promesas consustanciales al modelo. La primera es la supuesta racionalización del gasto público y la descentralización administrativa como elemento dinamizador, que no son tales, puesto que un sistema universal de vouchers sería más caro que un sistema público, si los privados se hicieran cargo de los más pobres y con menos capital cultural. Además, hay que tener en cuenta que en los últimos 16 años se han creado casi 1700 colegios privados y se cerraron más de 150 escuelas municipales, al tiempo que se triplicó el gasto en educación. Por otro lado, se plantea que el mercado no tiene suficientes incentivos, pero simultáneamente se defiende que no aumenten los controles ni las regulaciones. Por último, el mercado sólo acude donde hay posibilidad de negocio sin responder a las necesidades ciudadanas de derechos.

Las consecuencias de la segunda promesa, la libertad de enseñanza y de empresa, han sido un grave “apartheid� educativo donde la segregación escolar se ha consolidado. La concentración de alumnos de bajo capital social y bajo rendimiento en las escuelas para pobres (mayoritariamente municipales) atenta contra el aprendizaje en el grupo. En este sentido, la elección de escuelas fortalece aparentemente la diversidad, pero pone en peligro la cohesión social, por lo que vale preguntarse si es lícito el negocio con recursos de todos los chilenos, sin cumplir una función de utilidad pública.

Se dice también que con este sistema hay un rol más activo de los usuarios como consumidores, puesto que la mayor capacidad de elección de los padres, los empodera, aumenta su satisfacción y participación en las escuelas. Sin embargo, esta “satisfacción� sólo se hace real en la libertad de elección de las clases medias y altas, que pueden co-financiar la educación y, sobre todo, “son elegidos en sus hijos� por determinados colegios que aportan estatus y distinción.

Es cierto que tanto el derecho a la educación como la libertad de enseñanza han acompañado la historia política chilena, desde los inicios de la República. Sin embargo, durante el gobierno militar cambia sustancialmente la relación y, como señala un estudio de la Profesora Sofía Correa, el Estado deja de tener los instrumentos legales e institucionales que le permitan asegurar y exigir que la educación que imparten, tanto establecimientos privados como municipales, cumpla con criterios de calidad. Es por eso que se hace necesario realizar profundas reformas constitucionales y de la Ley Orgánica Constitucional de Educación, como bien lo ha constatado el Consejo Asesor Presidencial en su Primer Informe. Esperamos que el país avance decididamente en esa dirección.

El Mostrador, 04/12/06

Articulo original en fírgoa - Neoliberalismo

Fecha de la entrada: Lunes, 4 de Diciembre del 2006 a las 2:07 pm. Si lo deseas, puedes dejarnos un comentario, o hacer trackback desde tu propio sitio web.